La Unión Europea ha desarrollado en los últimos años un marco de acción ambicioso en materia ambiental y climática. El Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Biodiversidad 2030 incluyen objetivos claros:
- Aumentar la superficie forestal gestionada de forma sostenible.
- Reforestar con especies autóctonas.
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al uso del suelo.
Además, programas como LIFE o el Plan de Recuperación para Europa han destinado fondos significativos a proyectos de restauración y gestión forestal.
Sin embargo, existe un desfase entre la ambición y la realidad. La financiación es limitada y muchas veces no llega a los pequeños propietarios o a las comunidades rurales. Además, la implementación varía enormemente entre países, generando desigualdades en la protección de los bosques europeos.
España: un país forestal sin política forestal sólida
España es uno de los países con mayor superficie forestal de la Unión Europea: más de 18 millones de hectáreas arboladas, lo que supone cerca del 37 % del territorio. Sin embargo, gran parte de estos bosques carecen de una gestión activa.
El Plan Forestal Español, aprobado en 2002 y con horizonte hasta 2032, lleva más de dos décadas pendiente de una actualización realista. En la práctica, las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, lo que genera una enorme disparidad en estrategias, presupuestos y prioridades.
Este mosaico normativo provoca que algunos territorios cuenten con herramientas avanzadas de prevención y gestión, mientras que otros apenas dedican recursos a ello. El resultado: un territorio descoordinado frente a una amenaza que no entiende de fronteras administrativas.
La balanza desequilibrada: extinción frente a prevención
Uno de los mayores problemas estructurales en España es la distribución del gasto público: alrededor del 70 % se destina a extinción y apenas un 30 % a prevención.
Esto refleja una cultura política reactiva: se prioriza el espectáculo de los medios aéreos y la extinción “in situ”, mientras que la inversión en silvicultura, pastoreo o reforestación preventiva queda relegada.
El Tribunal de Cuentas y diversas organizaciones ecologistas llevan años advirtiendo de que este modelo es insostenible. Cada año los incendios son más intensos, más caros y más peligrosos para las brigadas. Sin un cambio en la balanza, la extinción será cada vez menos eficaz.
El papel de las comunidades rurales y los propietarios privados
Un 67 % de la superficie forestal española es de titularidad privada. Esto convierte a los propietarios en actores clave de la prevención. Sin embargo, la mayoría carece de recursos para gestionar sus fincas y no existen suficientes incentivos para hacerlo.
La política forestal debería:
- Ofrecer subvenciones directas a planes de gestión y silvicultura preventiva.
- Crear agrupaciones de propietarios forestales que permitan gestionar grandes superficies de forma coordinada.
- Fomentar el aprovechamiento económico (resina, biomasa, ecoturismo) para evitar el abandono.
Las comunidades rurales también son fundamentales. Recuperar el pastoreo, mantener mosaicos agroforestales y reactivar usos tradicionales del monte reduce el riesgo de incendios y devuelve dinamismo económico al territorio.
Medidas urgentes para una política eficaz
Para que España y Europa avancen hacia una verdadera reducción del riesgo de incendios, es necesario un paquete de medidas integrales:
- Reorientar el gasto público: aumentar progresivamente la inversión en prevención hasta al menos un 50 %.
- Planes de gestión obligatorios: exigir que toda finca forestal de cierto tamaño cuente con un plan de gestión actualizado.
- Incentivos fiscales y económicos: compensar a quienes gestionen sus bosques de forma sostenible (por ejemplo, mediante créditos de carbono).
- Educación y sensibilización: campañas que expliquen a la ciudadanía que los bosques no se mantienen solos.
- Investigación y tecnología: invertir en teledetección, sistemas de alerta temprana y modelización del riesgo.
- Restauración post-incendio planificada: reforestar con especies autóctonas adaptadas al clima futuro, no solo replantar indiscriminadamente.
Colaboración público-privada: implicar a empresas en proyectos de gestión y compensación de emisiones.
Ejemplos internacionales: lecciones que aprender
Otros países mediterráneos han adoptado políticas inspiradoras:
- Francia: ha desarrollado zonas de interfaz urbano-forestal (ZIFU) con normativas estrictas para mantener perímetros limpios en áreas de riesgo.
- Italia: ha impulsado cooperativas de pequeños propietarios forestales que gestionan de manera conjunta bosques fragmentados.
- Grecia: tras los devastadores incendios de 2021, el gobierno ha duplicado el presupuesto en prevención y ha lanzado planes de empleo rural vinculados a la limpieza de montes.
España puede y debe aprender de estas experiencias para adaptar sus propias políticas.
Arkhenos: puente entre la política y la práctica
Las políticas forestales solo tienen sentido si se traducen en acciones concretas en el territorio. En Arkhenos trabajamos precisamente en esa intersección:
- Asesoramos a administraciones públicas en la elaboración de planes de prevención y restauración.
- Diseñamos proyectos de gestión sostenible que integran los objetivos de conservación con la rentabilidad económica.
- Acompañamos a propietarios privados en la creación de planes de ordenación forestal adaptados a la normativa.
- Facilitamos proyectos de compensación de carbono que conectan a empresas con la gestión responsable de los bosques.
Nuestra visión es clara: las políticas deben servir para que el bosque sea gestionado de forma real y efectiva, no solo sobre el papel.
Los incendios forestales seguirán siendo una amenaza creciente mientras no se produzca un giro político decidido hacia la prevención. España, pese a ser un país forestal por excelencia, carece aún de una estrategia sólida y coordinada que convierta la gestión forestal en un pilar central de las políticas públicas.
